El derecho a no autoincriminarse, o nemo tenetur se ipsum accusare, es una garantía fundamental que se encuentra en el núcleo del derecho penal. Su aplicación a las personas físicas está ampliamente reconocida, pero su extensión a las personas jurídicas presenta múltiples desafíos legales y éticos. Este análisis resume los puntos clave y examina los conflictos que surgen al equilibrar este derecho con otras garantías.

Puntos clave del derecho a la no autoincriminación

• Definición y alcance
  • Es el derecho a no ser obligado a testificar en contra de uno mismo ni a proporcionar pruebas autoincriminatorias.
  • Se vincula al derecho de defensa y la presunción de inocencia, pero su aplicación no es absoluta.
• Naturaleza jurídica
  • Considerado una garantía constitucional procesal, orientada a equilibrar la posición del acusado persona física frente al poder del Estado, se ha extendido a las personas jurídicas.
  • En las personas jurídicas, entra en conflicto con su papel de co-agente del Estado en la prevención y persecución del delito.
• Jurisdicciones y variaciones internacionales
  • En España, el derecho tiene un alcance limitado en las personas jurídicas, centrándose el ejercicio de este derecho en el representante procesal.
  • En Alemania y Estados Unidos, este derecho no se reconoce como tal para las empresas, destacando diferencias sustanciales con nuestro país en el tratamiento jurídico de la prueba obtenida de la persona jurídica.
• No es un derecho absoluto
  • Las autoridades pueden obtener pruebas de la persona jurídica, siempre que sea conforme a la legalidad y respetando los matices jurisprudenciales existentes. 
  • Debe existir un equilibrio entre el derecho a no autoincriminarse, el interés público en la persecución de delitos y el papel de colaboradoras en la persecución de delitos.
• Relación con el compliance
  • La información derivada de programas de cumplimiento puede ser autoincriminatoria para las empresas.
  • Aunque las empresas pueden negarse a aportar información relacionada con hechos delictivos, no están protegidas frente a medidas más invasivas como registros o incautaciones.
• Diferencias en otras ramas del derecho
  • En derecho laboral, el deber de colaborar con las autoridades puede prevalecer sobre el derecho a no autoincriminarse.
  • En derecho de la competencia, la transparencia puede ser incentivada mediante planes de clemencia, lo que plantea una perspectiva distinta al ámbito penal.
• Propuestas de mejora
  • Proteger la confidencialidad del compliance y las investigaciones internas.
  • Definir un marco más claro sobre quiénes pueden ejercer este derecho en nombre de la persona jurídica.
  • Crear limitaciones al uso en el proceso penal de pruebas sensibles obtenidas de manera coercitiva.

Conflictos entre el derecho a la no autoincriminación y otros derechos o garantías

• Conflicto con el interés público
  • La persecución de delitos, el pago de impuestos y la seguridad ciudadana pueden entrar en tensión con el derecho a no autoincriminarse.
  • Este equilibrio es necesario para garantizar un sistema de justicia eficiente sin vulnerar derechos fundamentales.
• Conflicto con el derecho a la transparencia en investigaciones internas
  • Las investigaciones internas pueden ser consideradas un arma de doble filo: permiten identificar responsabilidades dentro de la empresa, pero pueden ser utilizadas como prueba en su contra.
  • Existe el riesgo en la regulación actual de que las empresas actúen como extensiones del Estado, presionando a empleados para obtener información.
• Conflicto entre representantes y empresa
  • Los representantes de las personas jurídicas pueden verse involucrados en conflictos de interés si están bajo investigación junto con la empresa.
  • Este conflicto puede debilitar el ejercicio del derecho a la no autoincriminación en nombre de la entidad.
• Conflicto con el deber de cooperación
  • En procedimientos administrativos, las empresas pueden estar obligadas a colaborar, incluso si esto implica aportar pruebas que podrían ser utilizadas en su contra.
  • Esto genera tensiones con la esencia del derecho a la no autoincriminación.
• Conflicto con el derecho de los empleados
  • En el ámbito laboral, los empleados pueden verse obligados a responder preguntas en el marco de su actividad profesional, lo que puede llevar a su propia autoincriminación.
  • Este dilema pone en jaque tanto los derechos laborales como las garantías constitucionales de los empleados.
• Conflicto con la obtención de pruebas por medios coercitivos
  • Aunque el derecho protege contra métodos coercitivos directos, no siempre se extiende a otras prácticas más sutiles o veladas.
  • El entorno empresarial es propicio para que surjan estas presiones dado el derecho del empresario a interrogar al empleado. 
  • Por vía del derecho laboral y su jurisprudencia se han debilitado garantías ya existentes en el derecho penal: si una prueba se obtiene dentro de la legalidad laboral, podrá servir en el proceso penal.